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Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de febrero de 2017, sobre el Impuesto de plusvalía municipal

01/03/2017

Áreas de práctica: Fiscalidad

Autores: María José Gómez

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (“IIVTNU”), más conocido como plusvalía municipal, es un tributo local que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que se pone de manifiesto con ocasión de su transmisión.

Si bien el hecho imponible del impuesto definido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es el incremento de valor que experimenten los terrenos urbanos, el sistema de determinación de la base imponible consistente en una fórmula objetiva arroja una cuota positiva, con independencia de que dicho incremento se haya efectivamente producido. Así, incluso en casos de decremento, la regla de determinación de la base imponible, basada en el valor catastral de los terrenos presume que por el mero transcurso del tiempo se produce un incremento de valor. Dicha presunción no admite prueba en contrario, por lo que incluso en aquellos casos en que objetivamente no se produzca el hecho imponible del impuesto, esto es, el incremento de valor, el mecanismo de cálculo del impuesto arrojará una cuota positiva.

En su sentencia de 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional analiza la conformidad de la Norma Foral que regula el IIVTNU en el Territorio Histórico de Guipúzcoa con el principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución. Si bien el alcance de la sentencia se limita únicamente a la norma guipuzcoana, su redactado casi idéntico a la norma vigente en Territorio Común permite avanzar una futura sentencia del Tribunal respecto de la normativa estatal en el mismo sentido.

El Tribunal establece que el principio de capacidad económica debe predicarse de cada uno de los tributos que conforman nuestro sistema tributario. Así, se viola dicho principio cuando se somete a tributación una transmisión en que no se produce incremento de valor alguno. El Tribunal rechaza que la norma de cálculo pueda entenderse como una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, pues la propia norma no prevé dicha posibilidad.

La conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional es que la norma es inconstitucional únicamente en la medida que somete a tributación supuestos en que el incremento de valor es inexistente. A sensu contrario, la norma es plenamente constitucional cuando la transmisión genera un incremento de valor, por pequeño que este sea. Para estos supuestos, el propio Tribunal apunta la posibilidad de invocar el principio de no confiscatoriedad cuando el impuesto agota la manifestación de riqueza que se produce con ocasión de la transmisión del inmueble.

El Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre cómo acreditar la inexistencia de incremento de valor, cuestión que queda pendiente del cambio normativo que realice el legislador foral. Tampoco se pronuncia expresamente sobre el alcance temporal de la Sentencia, limitándose a declarar inconstitucionales y nulos los preceptos de la Norma Foral objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.

A falta de declaración expresa, y de acuerdo con la línea jurisprudencial sentada en anteriores sentencias, cabría entender que la inconstitucionalidad de la norma tiene efectos ex tunc. Ello abriría la posibilidad de solicitar la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas por este tributo en caso de falta de incremento de valor, aun cuando hubieren transcurrido más de cuatro años. Sin embargo, y según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no cabría pedir la devolución cuando nos encontremos ante situaciones en que existe una sentencia judicial o una resolución administrativa firmes sobre la cuestión.

Por tanto, ante esta sentencia del Tribunal Constitucional se anima a reclamar a todos aquellos contribuyentes que pagaron este tributo por una transmisión que provocó pérdidas o no provocó ganancia alguna, y que, además, y en este caso con total seguridad cuando no hayan pasado más de cuatro años desde la autoliquidación del impuesto local.

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