Sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo de 2017, sobre el Impuesto de plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia de fecha 11 de mayo de 2017, ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, y, en consecuencia, ha declarado que los Arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Dicha Sentencia establece, como ya hiciera en sendas Sentencias 26/2017 (de 16 de febrero de 2017) y 37/2017 (de 1 de marzo de 2017) sobre las leyes forales de Guipúzcoa y Álava respectivamente, que regulan el IIVTNU, cuyo redactado era casi idéntico a la norma vigente en Territorio Común, que la norma es inconstitucional únicamente en la medida que somete a tributación supuestos en que el incremento de valor es inexistente.

El Tribunal Constitucional considera que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, vulnera el principio constitucional de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución, en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”, y concluye que “el tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).”

Con respecto a la prueba de la inexistencia del incremento de valor, tampoco en esta ocasión se pronuncia el Tribunal Constitucional, estableciendo que “la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa”. Y tampoco se pronuncia expresamente sobre el alcance temporal de la Sentencia, limitándose a declarar inconstitucionales y nulos los preceptos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.

Tras la publicación de la Sentencia, el legislador estatal deberá llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”, pero mientras tanto, ante esta Sentencia del Tribunal Constitucional -extensiva a todo el territorio nacional- se abre la vía para que los contribuyentes que pagaron este tributo por una transmisión que provocó pérdidas o no provocó ganancia alguna, cuando no hayan pasado más de cuatro años desde la autoliquidación del impuesto local, reclamen y soliciten la devolución de lo indebidamente ingresado por dicho concepto.

Plusvalía municipal: ¿Cómo puedo reclamar?

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