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Agustí Bou-Socios, Barcelona
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Novedades del nuevo Reglamento Europeo sobre Procedimientos de Insolvencia

24/04/2017

Áreas de práctica: Reestructuraciones e insolvencias

Autores: Agustín Bou

El próximo 26 de junio de 2017 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2015/848 sobre Procedimientos de Insolvencia (el “Reglamento”) que sustituirá la antigua regulación de estos procedimientos contenida en el Reglamento (UE) 1346/2000.

Las novedades más relevantes del Reglamento se pueden resumir en cinco puntos: (i) extiende su ámbito de aplicación a los institutos pre-concursales; (ii) aclara el concepto de “Centro de Intereses Principales” (“COMI”) a los efectos de determinar la competencia territorial de los juzgados y evitar los cambios de domicilio fraudulentos y el fórum shopping; (iii) permite instar procedimientos secundarios tanto en fase de convenio como en la fase de liquidación; (iv) establece las reglas de información, publicidad y coordinación de los procedimientos concursales abiertos dentro de la Unión Europea; y (v) regula los concursos de acreedores de los grupos de sociedades.

Los procedimientos pre-concursales españoles que quedan sometidos a las disposiciones del nuevo Reglamento son: (i) los procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación y, en palabras del propio Reglamento, “los que promuevan el rescate de empresas viables económicamente a pesar de estar en dificultades, y que ofrecen una segunda oportunidad a los empresarios”; (ii) los acuerdos extrajudiciales de pago, y “todos aquéllos que prevean una condonación o reestructuración de la deuda de los consumidores y de los trabajadores autónomos”; (iii) y las comunicaciones del art. 5 bis de la Ley Concursal para la adopción de acuerdos de refinanciación o propuestas anticipadas de convenio y cualquier otro que se regule tendente a la suspensión temporal de las acciones de ejecución individuales que pudieran afectar de manera negativa a las negociaciones entre el deudor y sus acreedores mermando las perspectivas de reestructuración.

Por otro lado, quedan excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento: (i) los procedimientos de insolvencia en los que se haya declarado el carácter de confidencial; y (ii) los procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, entidades de crédito, empresas de inversión y otros que estén sujetos a regímenes especiales.

Por lo que se refiere al juzgado que conocerá del procedimiento de insolvencia principal, se reserva la competencia a aquél juzgado en el que se ubique el COMI de la sociedad insolvente. Ahora bien, si la sociedad tiene establecimientos en distintos Estados Miembros, se permite la apertura de procedimientos secundarios ante los juzgados en los que se encuentren esos establecimientos. Sin embargo, a diferencia del procedimiento principal, estos procedimientos secundarios se limitarán únicamente a los bienes que radiquen en el Estado que conozca de este último.

A los efectos de determinación del COMI, el Reglamento sigue los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión europea, definiendo el mismo como “el lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses”. Así pues, con esta nueva definición se recoge la posibilidad de que el COMI no radique en el domicilio que conste en el registro pertinente.

A este respecto, el Reglamento establece tres supuestos en los que se presume el lugar en el que radica el COMI: (i) será el lugar en el que se encuentre su domicilio social; (ii) en el caso de trabajadores autónomos y profesionales independientes se presumirá que se encuentra en el lugar donde desarrollan su actividad profesional; (iii) y, para las personas físicas no empresarios, se entenderá que radica en el lugar de su residencia habitual. A fin de evitar cambios de domicilios fraudulentos tendentes a conseguir el conocimiento del concurso de acreedores por un tribunal concreto, el Reglamento establece que el cambio de domicilio de una persona jurídica, profesionales independientes y trabajadores autónomos en los tres meses anteriores a la solicitud de declaración de concurso será sospechoso a los efectos de determinar la competencia territorial del juzgado u órgano que ha de conocer del procedimiento de insolvencia. Respecto a las personas físicas ese período sospechoso se amplía a los 6 meses anteriores a la solicitud de concurso.

Asimismo, el Reglamento permite al propio deudor y a los acreedores denunciar la falta de competencia del juzgado que declare el concurso de acreedores para el caso de que así lo entendieran, sin perjuicio de que el propio juzgado la aprecie de oficio.

Por lo que se refiere a la ley aplicable al procedimiento concursal, éste se regirá, por regla general, por la ley del Estado Miembro que conozca de dicho procedimiento. Sin embargo, el Reglamento contempla las siguientes excepciones: (i) a los bienes inmuebles se les aplicará la ley del lugar en el que se encuentren dichos bienes; (ii) a los contratos de trabajo se les aplicará la ley que sea aplicable a ese contrato, pese a que la calificación de los créditos laborales se realizará conforme las reglas de calificación de la ley del Estado que conozca del asunto.

Con la finalidad de dar publicidad de los procedimiento concursales, el Reglamento obliga a los Estados Miembros a crear un registro concursal (el “Registro”) con un mínimo de información obligatoria y suficiente para que los acreedores conozcan las circunstancias del procedimiento concursal tales como la fecha de apertura del procedimiento, el órgano que está conociendo del asunto, datos del administrador concursal designado, plazo para que los acreedores comuniquen el crédito que ostentan frente a la sociedad concursada, y otros. En este último sentido, el Reglamento especifica que el plazo otorgado a los acreedores extranjeros para comunicar su crédito será de 30 días hábiles desde la publicación de la apertura del procedimiento, lo que supone la necesidad de estar atento a las publicaciones que tengan lugar en el Registro. El plazo para comunicar los créditos que ostentan los acreedores nacionales vendrá determinado por la ley nacional aplicable al procedimiento. Los distintos Registros creados en cada país, deberán estarán interconectados y promoverán el fácil acceso de los interesados.

Como última novedad a resaltar, pero no menos importante, el Reglamento recoge la situación especial del concurso de los grupos de sociedades, defendiendo los principios de coordinación y cooperación entre ellos, pero manteniendo la separación patrimonial y territorial de las sociedades del grupo afectadas, lo que conlleva a que cada sociedad será protagonista de un procedimiento concursal distinto a otra sociedad del grupo que se encuentre en un Estado Miembro diferente.

En definitiva, se trata de novedades que obedecen a la internacionalización del mercado y a la necesidad de cooperar entre los Estados Miembros de la Unión Europea para conseguir tramitar un procedimiento concursal que no adolezca de vacíos legales y situaciones que requerían soluciones y, si bien supone un avance con relación a la regulación anterior, queda lejos de dar una verdadera solución al concurso de los grupos de sociedades.