Luz verde al recurso contra la vía extrajudicial de las cláusulas suelo

Áreas de práctica: Reestructuraciones e insolvencias

Expansión

Autor/es: Elisa Escolà

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea contra el decreto ley aprobado por el Gobierno para la devolución de las cláusulas suelo indebidas, según una providencia publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El partido presentó en abril un recurso contra esta norma al considerar que “se salta muchos de los derechos” que reconoce la Carta Magna. La coalición considera que el decreto ley vulnera el principio de igualdad ante la ley (recogida en el artículo 14 de la Constitución), la tutela judicial efectiva (artículo 24), y la protección debida a los consumidores (artículo 51).

Desigualdad

Podemos critica que el mecanismo extrajudicial “pone a los deudores hipotecarios en una situación de desigualdad frente al banco, que decide cómo, cuándo y dónde devolver lo cobrado indebidamente”. También entiende que “no establece con carácter obligatorio un sistema de control y sanción sobre las entidades bancarias” ni tampoco cuenta con todas las garantías judiciales efectivas.

El partido considera que la norma es discriminatoria, pues no pueden acogerse a ella las personas jurídicas, y critican que las costas procesales hayan sido “perdonadas” a las entidades bancarias.

El viernes de esta semana acaba el plazo de tres meses de la puesta en marcha del procedimiento de negociación instado por el Real Decreto. El Gobierno ideó esta fórmula el 20 de enero y lo puso en marcha un mes después. Con este procedimiento se busca resolver de forma extrajudicial las reclamaciones de los clientes a los que se cobraron indebidamente por las cláusulas suelo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre este supuesto.

Elisa Escolá, asociada sénior del departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de JAUSAS y profesora asociada de Derecho Procesal de la UB, estima que el procedimiento extrajudicial genera inseguridad jurídica en los consumidores. “Cada banco contesta a las reclamaciones de una manera y esta fórmula, más que beneficiar al consumidor, le perjudica”, aporta. También señala que las entidades se están negando a devolver los gastos notariales.

Aunque opina que, “en la práctica, esta vía ha sido un fracaso”, ve difícil que el TC la declare inconstitucional y, aunque lo hiciera, llegaría tarde.

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