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Los misterios por resolver un año después de la quiebra del Popular

Los misterios por resolver un año después de la quiebra del Popular

  • 07/06/2018

Un año después, la resolución del Popular mantiene multitud de preguntas sin responder. Su venta al Santander por un euro, en un proceso acelerado que se dio entre la madrugada y la mañana de un miércoles, sorprendió a todos.

La entidad estaba en apuros y se aplicó por primera vez el sistema de resolución que se planteaba en los esquemas europeos. En el camino dejó miles de afectados, con bonistas y accionistas como grandes perdedores. Y también muchas preguntas sin respuesta: qué llevó a una entidad solvente a ser resuelta, con qué bases se hizo, qué causó su caída en los días previos y quién se benefició.

El papel de las instituciones europeas

Fue toda una prueba de fuego. “El proyecto de Unión Bancaria fue puesto a prueba por primera vez”, planteaba hace una semana Jaime Ponce, presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Pero incluso antes de arrancar la operación ya tropezó. La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, dijo a Reuters en los días previos a la intervención del Popular que se estaba preparando el terreno para meter mano, con todas las alarmas encendidas. Sus palabras aceleraron la pérdida de valor en bolsa de la entidad, ya abocada a una intervención, perjudicando a los inversores. ¿Entonará el mea culpa?

El siguiente paso en falso vino con la propia resolución exprés. Y es que se hizo después de constatar que la entidad se quedaba sin liquidez, y con un informe de Deloitte que atribuyó un valor negativo al Popular de entre 2.000 y 8.200 millones de euros en negativo en los peores escenarios, pero que también presentaba uno positivo -superior a 1.000 millones- en el escenario más optimista. Dicho informe, reclamado por los afectados, no se ha hecho público. ¿Se conocerá al detalle lo que ocurrió?

El tercer golpe, recogido en el esquema de resolución, vino con la venta al Santander por un euro. El coste lo soportaron los bonistas y accionistas, que vieron perder toda su inversión. Miles y miles de perjudicados. ¿Se los resarcirá de alguna forma?

Todo ello dejó incógnitas aún sin resolver. Saber qué se tuvo en cuenta en la valoración, quién aceleró la pérdida de valor y con qué motivos, los posibles resarcimientos… Las dudas abrieron de par en par las puertas de la justicia.

El proceso judicial

“El procedimiento de resolución adoptado ha sido inédito y muy irregular, y por tanto va a dar lugar a una multitud de reclamaciones judiciales”, advertía hace un año, justo tras la decisión, Jordi Ruiz de Villa, del despacho Jausas.

La realidad de hoy responde perfectamente a esa previsión: en la Audiencia Nacional se tramitan 259 recursos contra el Banco Popular; la cuestión resta pendiente de lo que decida sobre la cuestión el Tribunal General de la Unión Europea, ya que se han presentado demandas contra la JUR. Los inversores también han llevado la lucha a Estados Unidos, pidiendo la revelación de documentos bajo la legislación americana.

Los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, sus consejos, la JUR, el FROB o la auditora de la entidad, aparecen entre los demandados. En el lado contrario, han demandado gigantes como Pimco, el inversor mexicano Antonio del Valle -por años ligado al Popular, poseedor del 4,2% y que perdió 550 millones-, o el chileno Andrónico Luksic -entró en el capital en los momentos finales de la entidad comprando el 3%-.

Los procesos van para largo. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite las querellas contra Ron y Saracho, sus respectivos consejos y la auditora PwC. Dada su complejidad, con unos 16.000 folios a analizar, el magistrado abrió dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado con falsas informaciones para tumbar las acciones y obtener beneficios.

Las ampliaciones de capital, en duda

Respecto a la primera pieza estudiada en la justicia, en 2016 el banco amplió capital en 2.500 millones de euros. La idea era fortalecer el balance, mejorar los índices de rentabilidad, la solvencia y reducir el peso del inmobiliario. Pero la resolución posterior deja muchas dudas sobre la realidad de las cuentas que presentó la entidad para captar inversión. ¿Hubo fraude?

“Ya hay varios afectados que han iniciado acciones judiciales, pero la gran mayoría están esperando a que la Audiencia Nacional emita el peritaje que demuestre que las cuentas de la ampliación de capital de 2016 eran falsas”, se apunta en un análisis desde Jausas.

Las irregularidades destapadas en los meses que siguieron, con nuevas provisiones por miles de millones ya bajo el manejo del Santander, cuestionan la veracidad del folleto de la ampliación. Otra cuestión que se está dirimiendo en los juzgados.

Saracho y sus declaraciones

La segunda pieza que encara la justicia nacional plantea la posibilidad de que determinadas personas utilizaran operaciones en corto -apostar a la caída del valor- para ganar dinero con el hundimiento de la entidad en bolsa.

Las pérdidas de los últimos meses tuvieron a Saracho como uno de los señalados. Directo de la banca de inversión, llegó con fuerza. Una fuerza y una sinceridad que pagó la acción del banco, con dos momentos clave.

De entrada, reformuló las cuentas que había dejado Ron y afloró otros 633 millones de euros en pérdidas, elevando las mismas a 3.845 millones en 2017. También reveló préstamos por 427 millones para que inversores acudieran a la ampliación de capital. Golpe a la acción.

Y una semana después, en la primera y única junta de accionistas de la entidad habló de una “macroampliación o una venta” para sobrevivir. Otro golpe a la acción.

¿Quién salió ganando en esas pérdidas de valor, tal y como investiga la Audiencia? Otra de las preguntas por resolver. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no intervino nunca contra las posiciones cortas, algo que después sí hizo con Liberbank, ya una vez había caído el Popular.

Los tiempos de la justicia darán respuestas. O eso se espera.

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