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Lava volcánica en los tribunales

26/04/2010

Áreas de práctica: Inmobiliario y Urbanismo

Sin lugar a dudas, la reciente erupción del volcán islandés Eyjafjallajokull y la decisión adoptada por las autoridades de control de tránsito aéreo europeas prohibiendo los vuelos comerciales durante unos días ha generado situaciones engorrosas o incluso dramáticas de todo orden. Ya desde los primeros momentos han sido numerosas las voces que han reclamado "compensaciones" de algún tipo para todos los afectados, reclamaciones que han ido en aumento a medida que se iba conociendo el impacto económico que la ceniza volcánica ha tenido sobre numerosos sectores industriales.

Las compañías aéreas, tomadas por sorpresa ante la decisión gubernamental, se apresuraron a adoptar las medidas a su alcance para comunicar las cancelaciones de vuelos a sus pasajeros y a ofrecer bien el reembolso del precio del billete o bien el transporte en vuelos alternativos tan pronto como se abriese el espacio aéreo. Hay quien considera que estas medidas son insuficientes y exige más.

El Reglamento comunitario 261/2004, que regula las compensaciones de los pasajeros en casos de denegación de embarque, cancelación o gran retraso en los vuelos, parece claro al respecto: según el artículo 5.1.a), los transportistas aéreos tienen el deber de ofrecer a los pasajeros el reembolso del coste íntegro de su billete junto con un vuelo de vuelta "lo más rápidamente posible", o bien la conducción hasta el destino final "en condiciones de transporte comprables y lo más rápidamente posible". Estando cerrado el espacio aéreo sobre Europa, creándose así un monumental atasco sobre nuestros cielos al reabrirlo, a las compañías aéreas no les ha quedado más alternativa que la de devolver el precio de los billetes o bien ofrecer a sus pasajeros la posibilidad de utilizar esos mismos billetes "en cuanto se pueda", y no "lo más rápidamente posible".

¿Y qué sucede con las eventuales compensaciones que deberían recibir los pasajeros en virtud del artículo 5.1.c), reguladas con detalle en el artículo 7 del citado Reglamento comunitario? El artículo 5.3 determina que los transportistas aéreos no están obligados a pagar dichas compensaciones si pueden probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Numerosa jurisprudencia tiene confirmado que los desastres naturales como el que viene ocupando las cabeceras de los diarios deben considerarse como causa de fuerza mayor (o de "circunstancias extraordinarias" según la terminología comunitaria), máxime cuando se combinan con decisiones administrativas totalmente ajenas a la influencia de los afectados. Desde este punto de vista, pues, entendemos que no cabe exigir a las compañías aéreas más compensaciones ni indemnizaciones.

Ahora bien, más controvertida puede ser la presunta obligación (exigida en algunos casos) de las compañías aéreas relativa al derecho a atención de que gozan los pasajeros. En efecto, el artículo 5.1.b) del citado Reglamento 261/2004 determina, por remisión a su artículo 9, que los transportistas aéreos deben ofrecer asistencia a los pasajeros consistente en comida y refrescos suficientes, llamadas telefónicas, fax o correo electrónico y, cuando la salida del nuevo vuelo se demore por más de un día, alojamiento hotelero y transporte entre el hotel y el alojamiento. Curiosamente, y al contrario de lo previsto para el derecho de compensación, el Reglamento comunitario no contiene ninguna norma que expresamente exima a las compañías aéreas de cumplir con esta obligación en supuestos de fuerza mayor.

Hay quien interpreta este silencio como una indicación clara de que la intención del legislador comunitario fue precisamente la de obligar a las compañías aéreas a soportar estos costes adicionales en todos los casos y circunstancias, aunque no les fuesen imputables a ellas. Esta interpretación choca, no obstante, con el principio básico de la mayoría de sistemas legales continentales, en virtud del cual las partes de un contrato no responden ante sucesos de fuerza mayor incluso cuando no lo hayan pactado de forma expresa. Así las cosas, no sería de extrañar que la lava arrojada por el Eyjafjallajokull viaje, igual que las cenizas, por encima de mares y fronteras y acabe calentando las salas de más de un tribunal de justicia.

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