Reforma penal y buenas prácticas

Expansión

El próximo 23 de diciembre se cumplen los seis meses de la vacatio legis establecida para la entrada en vigor de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010  que, como más destacable  novedad, establece la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas privadas, responsabilidad que podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física que haya cometido el hecho delictivo.

A las personas jurídicas les serán imputables aquellos delitos cometidos en su provecho por sus administradores, actuando de este modo el poder de representación que tienen en las mismas. También se les imputarán aquellos delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales que hayan sido  propiciados por no haber ejercido el debido control sobre sus empleados.

En cuanto a los delitos objeto de esta responsabilidad, el Código Penal los determina de manera concreta y expresa. Se especifican los delitos de insolvencia punible; los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social; los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo;  los delitos contra el medio ambiente y los delitos relativos a la propiedad intelectual. También se establece esta responsabilidad penal en los delitos relativos al mercado y a los consumidores, tales como la revelación de secretos de empresa; la corrupción de administradores, la publicidad falsa, el uso de información privilegiada o el fraude de acceso a telecomunicaciones. Finalmente, signifiquemos también el nuevo Código determina imputables los delitos de estafa, la receptación y el blanqueo de capitales, el cohecho y el tráfico de influencias.

Las penas que podrán imponerse a las personas jurídicas son: la multa, la disolución, la suspensión de sus actividades, la clausura, la prohibición de actividades, la inhabilitación y la intervención judicial. La multa es la pena común y general para todos los supuestos de responsabilidad. La imposición de cualquier otra de las penas relacionadas se configura como una facultad potestativa del Tribunal; el Código Penal exige para ese caso una motivación especial en la cual cobra relevancia la posición jerárquica de quien incumplió el deber de control.  

Para la imposición de tales penas distintas de la multa por un plazo superior a 2 años la sociedad habrá de ser reincidente. Para la imposición de la disolución y para la imposición de la prohibición de actividades y de la inhabilitación por un plazo superior a 5 años, la sociedad habrá de ser multi reincidente. De igual modo, cabe señalar que la pena de inhabilitación impedirá a la sociedad penada obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El establecimiento de este sistema de responsabilidad penal exige que las sociedades mercantiles implanten un  sistema de medidas de control y gestión suficientes. Este sistema, a su vez, ha de partir de una evaluación o auditoría de los riesgos de comportamientos delictivos a los que se enfrenta la empresa para, a continuación, establecer unas  normas específicas de comportamiento, con su consiguiente régimen disciplinario. Son los denominados Códigos de buenas prácticas o Códigos éticos, en cuya elaboración la asistencia jurídica se hace imprescindible.

A partir de la implantación de estas normas será conveniente también establecer controles internos para la prevención y descubrimiento de comportamientos delictivos, pudiendo resultar necesaria  la evaluación o auditoría externa del sistema.

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