Medidas legislativas contra la morosidad

Expansión

Autor/s: Elisa Escolà

El panorama legislativo que regula la morosidad en España está sufriendo una serie de cambios que tienen como noble objetivo el poder paliar la elevada tasa de morosidad que padece nuestro país. Y es que, según los datos publicados por el Banco España, la tasa de créditos impagados en el mes de febrero de 2010 alcanza el 5,39%, la más alta desde el ya lejano abril de 1996.

En este sentido, acaba de entrar en vigor (el pasado 4 de mayo) la Ley 13/2009, de Reforma de la Legislación procesal que, entre otras cuestiones, eleva la cuantía máxima para acudir al proceso monitorio de 30.000 a 250.000 Euros, reformando en este punto la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su momento ya se puso de relieve que esta limitación en la cuantía infringía la Directiva europea contra la morosidad, que señala que los Estados deben velar para que se pueda obtener un título ejecutivo en un plazo de 90 días naturales desde la presentación de la demanda o solicitud, con independencia del importe de la misma. El legislador español, sin embargo, justifica dicho límite por un principio de prudencia. La consecuencia práctica es que un acreedor comunitario puede reclamar a un deudor español ante los tribunales españoles por el proceso monitorio europeo una deuda de, pongamos, 300.000 Euros; en cambio, esta posibilidad le estará vedada al acreedor español, que resulta en peor condición.

Por su parte, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ha resultado, después de casi seis años de aplicación, un absoluto fracaso debido, principalmente, a la concesión de libertad a las partes para fijar los plazos de pago, lo que ha facilitado la imposición de plazos del todo abusivos por parte de las grandes empresas, en detrimento de los pequeños proveedores. En la actualidad se está tramitando su reforma, en concreto el pasado 19 de abril el Congreso aprobó la proposición de Ley para su modificación, proposición que ahora se está tramitando en el Senado. Esta reforma suprime la posibilidad de pacto entre las partes, e impone un plazo de pago obligatorio para todas las empresas de 60 días y de 30 en el caso de las Administraciones Públicas. En este sentido, confiamos que en el Senado se modifique también el art. 9.1, pues en este precepto se sigue aludiendo a la posibilidad de pacto.

Por otra parte, es importante también resaltar cómo el actual texto de dicha proposición de Ley no modifica el art. 7 de la Ley 3/2004, en virtud del cual las partes sí pueden pactar el interés de demora. Así, actualmente, si no se pacta ningún interés resulta aplicable el interés del Banco Central Europeo más siete puntos porcentuales, interés que resulta muy disuasorio para el deudor moroso, puesto que el impago le sale muy caro. La posibilidad de pacto facilita que las grandes superficies impongan a los pequeños empresarios un interés de demora tan bajo que hace ilusorio el esfuerzo del legislador para conseguir el respeto del plazo legal de pago.

Es más, aunque la ley prevé que será nula la cláusula pactada que difiera del tipo legal de interés de demora, esta nulidad exige su declaración judicial, y los pequeños empresarios no se pueden permitir el lujo de pleitear contra las grandes superficies.

En definitiva, confiamos que, tras las reformas apuntadas, el retraso en los pagos le salga tan caro al moroso que opte por cumplir los plazos y se implante así una cultura de puntualidad. Ahora bien, es evidente que con la actual crisis económica la morosidad no sólo se debe al "moroso voluntario" en el que el legislador pensaba diez años atrás. Con una tasa de paro del 20,5% y una sangría constante de concursos de acreedores (este pasado mes de abril ha supuesto un incremento de un 23% respecto a los datos del mismo mes del año 2009), existen también motivos coyunturales de cada vez mayor calado, para los cuales son necesarias medidas económicas para crear empleo y facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.

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