Listas de espera. Wait and see

01/05/2010

Àrees de pràctica: Life Sciences, Litigació bancària

Autors: Pablo Franquet

A mediados del pasado mes de marzo se reunió el Consejo Interterritorial de Salud para discutir sobre los criterios de financiación para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Entre otros aspectos, se acordó desarrollar una serie de medidas para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del SNS y tratar de reducir los tiempos de las listas de espera. A diferencia de lo que es habitual en esta sección, en el presente artículo no revisaremos ningún aspecto jurídico propio de la medicina privada. Debido a la actualidad de la cuestión y a su importancia para el colectivo sanitario, hoy analizaremos la situación de las listas de espera y su posible incidencia en la responsabilidad de la Administración pública.

Como es bien sabido, la duración de las listas de espera no es igual en todos los territorios. De hecho, ni siquiera las condiciones son las mismas dentro de un mismo territorio, sino que muchas veces varían en función de los hospitales, especialidades y servicios. No obstante, puede afirmarse que, en términos generales, el sistema público de salud se encuentra saturado y carece de los medios necesarios para atender la actual demanda de sanidad. Nuestros tribunales no son ajenos a esta situación. El propio Tribunal Supremo ha constatado en más de una ocasión que "el problema de las listas de espera es un mal que acarrea nuestra sanidad y pone de manifiesto que su funcionamiento no es el que demanda la necesidad de procurar la salud de los enfermos" (STS 27.05.2003). No obstante, esta incapacidad de la Administración para atender íntegra y puntualmente las necesidades de los ciudadanos no implica de por sí que la Administración deba responder siempre por todas las consecuencias indeseables se derivan de la listas de espera. El principal deber de la Administración consiste en poner los medios materiales y humanos a su alcance y gestionarlos correctamente.

Nuestros jueces son conscientes de que los medios con los que cuenta la Administración son limitados y que hacerle responsable por todos los daños derivados de las listas de espera sería tanto como convertirla en aseguradora universal de sus pacientes. Por el contrario, la Administración será responsable únicamente de las consecuencias que se deriven de una gestión manifiestamente inadecuada o ineficiente de los recursos de que dispone. Por ello, el Tribunal Supremo ha repetido ampliamente en sus sentencias que procede la condena a la Administración "cuando [el daño al paciente] venga dado por una lista mal gestionada en sí o irracional, de duración exagerada o cuando hubiere un error en la clasificación de la prioridad del enfermo o en el curso de esa espera se produjese empeoramientos o deterioros de la salud que lleven a secuelas irreversibles o que sin llegar a anular sí mitiguen la eficacia de la intervención sanitaria esperada".

Por otro lado, el paciente debe asumir las inconveniencias que se deriven de la espera, las prevenciones y controles que haya que tener hasta el día de la intervención, la natural desazón e intranquilidad que se vive en esa situación, la posible baja laboral y la disminución de la calidad de vida que acarrean las dolencias propias de la enfermedad y las precauciones necesarias hasta que finalmente se produzca la intervención.

Como nota final, debe mencionarse que no existe un número mágico que establezca cuándo la duración de la espera ha sido "exagerada". Esta determinación la llevan a cabo por los tribunales teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad del paciente, los síntomas que presentaba en el momento del diagnóstico y la situación de la sanidad pública en el momento y lugar concretos. Y es que, mientras la administración pública busca la receta para aligerar las listas de espera, a los tribunales no les queda otro remedio que "esperar y ver", como dicen los ingleses.