Bufetes de EE UU abren la brecha judicial sobre la ampliación de Popular

05/04/2017

Áreas de práctica: Litigación bancaria

Autores: Jordi Ruiz de Villa

Cinco Días

La amenaza que pesaba sobre Banco Popular de que sus accionistas acudiesen a los tribunales ante la intensa pérdida de valor sufrida desde la última ampliación de capital ha empezado a materializarse. Varios bufetes estadounidenses han anunciado ya que están estudiando acciones legales contra el banco español después de que el lunes reconociese desajustes de casi 700 millones de euros en las cuentas de 2016.

Miles de accionistas podrían seguir sus pasos indignados por la caída de más del 40% que sufre la acción desde que anunció la ampliación de capital del pasado junio, la tercera en un lustro, que ha provocado pérdidas del 36%de la inversión a quienes compraron nuevos títulos. Nuevos frentes en el horizonte de una entidad lastrada por el ladrillo, que ha perdido a dos consejeros delegados y un presidente en el camino reciente, y que encara un futuro incierto y una junta de accionistas especialmente bronca el próximo lunes.

La disposición de los bufetes estadounidenses a emprender demandas colectivas contra Popular no se ha hecho esperar, en un país donde la denuncia ante los tribunales es práctica habitual. Popular está inmerso en una nueva crisis como demuestra el precio de su acción, que este martes se acercaba a su mínimo histórico en los 0,805 euros dejándose un 1,227% tras el retroceso del 10,44% con que arrancó la semana.

Lunes negro

Un lunes negro en el que el consejero delegado Pedro Larena, al cargo desde el 29 de julio en sustitución de Francisco Gómez, anunció su renuncia después de que la entidad reconociese desajustes contables que si bien no van a obligar a reformular las cuentas de 2016 sí requerirán nuevas provisiones que lastrarán los resultados del primer semestre de 2017. Del impacto, al menos 200 millones tienen que ver con créditos que se concedieron con la única finalidad de acudir a la ampliación de capital realizada en mayo y que ahora tendrán que restarse de los recursos propios del banco.

Además, la entidad reconocía una insuficiencia de provisiones sobre créditos dudosos y garantías asociadas de más de 400 millones. Como consecuencia se produce además un nuevo impacto en capital, que deja el banco muy cerca del mínimo requerido por el regulador. Así, el capital total quedará entre el 11,7% y el 11,85%, próximo al 11,375% que el Banco Central Europeo (BCE) marca a Banco Popular.

Demandas desde EE UU

Uno de los bufetes que ha comunicado su disposición de defender a los accionistas de Popular que quieran acudir a los tribunales es Pomerantz Law Firm, una poderosa firma presente en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Florida y que ya se ha hecho cargo de la defensa del accionista en escándalos como el de Petrobras y ha presentado demandas contra Barclays, Fiat o Deutsche Bank.

En un comunicado recogido por Reuters, Pomerantz señala que está investigando quejas de inversores en Banco Popular y da el contacto a los accionistas que quieran sumarse a una demanda colectiva. Rosen Law Firm es otro de los bufetes que ofrece sus servicios y señala que también está investigando demandas potenciales en nombre de accionistas de Banco Popular. “Rosen Law está preparando una demanda colectiva para recuperar las pérdidas sufridas por los accionistas de banco Popular”, añade en un comunicado.

Argumenta que la acción está justificada después de que la entidad revelara el lunes una auditoría que identifica deficiencias relativas a la ampliación de capital de la pasada primavera, al tiempo que el consejero delegado anunciaba su salida. Otro de los bufetes que afirma estar investigando a Popular es Khang & Khang por “posible violación de las leyes federales del mercado de valores”.

Ecos del caso Bankia

El descontento de los accionistas de Banco Popular ya se hizo bien patente en la junta de accionistas de la entidad del pasado 20 de febrero, en la que se formalizó la salida de Ángel Ron y el cambio en el consejo de administración que permitió la llegada a la presidencia de Emilio Saracho. Aunque por el momento los accionistas españoles no han llegado a movilizarse para demandar al banco, no falta entre los analistas financieros quienes plantean que la situación de Banco Popular tiene ecos del caso Bankia.

Fuentes jurídicas consultadas coinciden en señalar, sin embargo, que la clave para que una eventual demanda contra los gestores del banco por parte de los accionistas salga adelante está en la magnitud del ajuste en las cuentas y de la caída bursátil. “No creo que sea comparable a lo sucedido en Bankia”, señala Francisco López, abogado de problemasconelbanco.com, especializado en demandas a entidades. En el caso de Bankia, la entidad anunció unos beneficios de 2011 por 309 millones de euros que luego resultaron ser pérdidas de 3.030 millones de euros una vez José Ignacio Goirigolzarri reformuló las cuentas en mayo de 2012. En el caso de Popular, tanto el auditor, PricewaterhouseCoopers (PwC), como los reguladores han coincidido en que no hay necesidad de reformular las cuentas.

Posibles demandas

“Mi experiencia es que la gente reclama a partir de pérdidas del 30%, 40% o 50%”, explica Jordi Ruiz de Villa, socio del bufete Jausas, que representa a varios inversores institucionales medianos que han demandado a Bankia. Aunque los accionistas ya acumulan impactos parecidos, Ruiz de Villa subraya que la desviación contable reconocida en Popular afecta a unos 600 millones de euros, de los que 205 están relacionados el uso de fondos propios para apuntalar la ampliación de capital, con lo que el foco debe ponerse en el agujero de provisiones. Un montante, expone, que apenas supone el 10% del capital captado por la entidad lo que aleja la posibilidad de recuperar todo lo invertido.

“Los accionistas pueden pedir que se les devuelva el dinero pero veo difícil que prospere una petición de nulidad, se requiere que haya una disparidad enorme”, apunta, alegando que habría que demostrar que hay un nexo causal entre la corrección contable y la pérdida del valor de los títulos y en vista de lo que hay los demandantes podrían aspirar solo a recuperar el 10% de lo perdido, lo que puede no compensar el litigio. Otra cosa, apunta, es que afloren nuevas irregularidades.

Pese a todo, Félix Revuelta, presidente de Naturhouse y accionista de Popular, señaló este martes a CincoDías que ha creado junto con otros 40 accionistas una plataforma para realizar “acciones conjuntas” respecto a la situación de la entidad financiera. “Cada vez se están uniendo más personas a la asociación”, subrayó.

Plataforma de accionistas

“Nuestro objetivo no es sacarle nada al banco”, defendió, y añadió que “no estamos de acuerdo con que un señor que ha realizado una gestión malísima y ha arruinado al banco se lleve ese dinero. 25 millones a costa de los accionistas y los empleados que ha despedido”, en referencia al retiro de Ángel Ron. “En EE UU si un directivo lo hace mal va a la cárcel”. Respecto a la gestión de Saracho dijo no tener nada en su contra pero pidió que “se levanten alfombras” y “que no siga el equipo que nos ha llevado hasta aquí”.

Habrá que ver si las voces de protesta que se escuchen en la junta del lunes, en la que se votarán las cuentas de 2016 en las que se acaban de revelar inexactitudes, van en esta línea o algún paso más allá. Y si algún accionista acude ya con su abogado.